El pasado 20 de Julio del 2023 la fiscal Vanesa Rivera Morales de la fiscalía de Mayagüez presentó por declaraciones juradas a la juez María del Pilar Vazquez del Tribunal de Mayagüez, imputaciones criminales

contra seis personas por varios delitos. El total fueron 19 cargos entre todos los manifestantes en una actividad de manifestación el pasado 9 de Julio del 2023. Cargos por amenaza, intimidación y violencia, agresión, conspiración y violación a la ley de Armas, daño agravado son los destacados entre todos en los que se enfocó la fiscal. Comandado por la Jefa de fiscal de Distrito de Mayagüez, Blanca Portela Martinez de muchos años de experiencia, forma un equipo de fiscales compuesto de Vanesa Rivera Morales, Rosa Acevedo González y Andy Rodriguez Bonilla para atender el caso de estos manifestantes. La investigación se centró en un pedido de Irma Mercedes Llavona Rivera, que se presenta como la dueña de una estructura en madera anclada  con pilotes de PVC rellenados con cemento que impacta el fondo marino de La Reserva de La Parguera en Lajas. En el lugar que está rodeado de Mangles Protegidos se realizaba de manera ILEGAL el corte de los mismos y se ampliaba la estructura en la creación de terrazas alrededor de la estructura además de alzar la misma en una remodelación completa donde se cambiaban pisos interiores y se pretendía crear un ambiente nuevo que desde el 2017, José Yovin Vargas Llavona hijo de doña MERCY y esposo de la hoy gobernadora Jenniffer González Colón, pregonaba entre sus círculos de amigos según la red social de Facebook para alquiler. A través de los próximos  años la estructura se fue deteriorando y doña Mercy, junto con su hijo  Jovin Vargas deciden remodelar y alzar, todo esto según Prensa Comunitaria pudo entrevistar testigo que fue interrogado por agentes federales que investigan posibles violaciones federales que protegen este espacio costero.

Desde el 30 de Noviembre 1993 en un acuerdo de manejo y entendimiento, en todo este espacio se estableció una política pública para su conservación que incluía la remoción de todas estas estructuras que algunas eran flotantes y otras fijas donde se les llamaban CASETAS que en su origen eran unas pocas que se permitieron en décadas pasadas a esa fecha para PESCADORES, sin embargo, de una manera clandestina poco a poco fueron algunas vendidas en aquellas décadas y comenzó un trafico «UNDER GROUND» donde las casetas se proliferaron donde ya no eran casetas y se convirtieron en CASAS. Pedro A. Gelabert, secretario de Recursos Naturales para 1993 crea este Plan de Restauración de la Reserva de la Parguera. Un año antes para el 29 de Diciembre del 1992 se creó por el DRNA un reglamento, el 4860, que regulaba el aprovechamiento y conservación de la zona marítimo- terrestre aguas territoriales, el mismo fue la base para la conformación del plan de manejo y entendimiento del 1993. Todas las estructuras de la Reserva de la Parguera son Ilegales salvo aquellas que tenían unas concesiones como pocos muelles y desarrollos de investigación universitario y algunas estructuras que se les dio concesión.

Sin embargo, aún cuando se hicieron estos planes y reglamentos, de manera clandestina en un ambiente de empresarios, algunos jueces, médicos, desarrolladores y profesores universitarios, entre otras personas de alto poder adquisitivo, formaron sobre más de 100 estructuras lujosas en sus interiores y se apoderaron de espacio de DOMINIO PÚBLICO donde se han traficado en un mercado ilícito de estructuras ilegales sin títulos de propiedad. La historia de La Parguera tiene muchos ángulos ilícitos donde las ilegalidades se convirtieron en un robo tan bien orquestado que el DEPARTAMENTO DE JUSTICIA y toda su estructura de abogados nombrados fiscales nunca fueron capaces de hacer valer los reglamentos, código civil y penal donde se pudiera hacer cumplir y de esta manera cumplir con la conservación y manejo de la vida y propiedad de todos ecosistemas naturales que viven en LA RESERVA.

El grupo de fiscales de Mayagüez fallaron en estudiar a fondo el llamado de estos ciudadanos y las razones que eran de denunciar y hacer cumplir lo que las instituciones de justicia nunca hicieron. En una manera que la mayoría no entienden como el estado se le tira encima a personas preocupadas porqué de manera descarada un grupo de personas elitistas que en este caso son familiares de una gobernadora que juró hacer valer las leyes y nuestra constitución son los verdaderos delincuentes violentando las reglamentaciones de conservación. Una vez el grupo de Fiscales, Investigadores de la Policia Estatal y el Departamento de Justicia conocen que estas estructuras de los Vargas Llavona se relacionan directamente con la gobernadora, el enfoque y trabajo investigativo se desvirtúa, y ahora se vió como el estado se alinea a defender los intereses creados como propiedades privadas  en una reserva protegida que LE PERTENECE AL PUEBLO DE PUERTO RICO por ley. De una manera inaceptable el ESTADO  se viró hacia defender la delincuencia ambiental y condenar aquellos que decidieron defender lo que el estado se colgó. Ahora vale más caerle bien a la jefa que los nombra independientemente si fallan en hacer valer el derecho ambiental.

Así las cosas, cuando los fiscales presentan este caso ante la juez María del Pilar Vázquez, por declaración jurada, sin que los abogados pudieran contra interrogar a los denunciantes y testigos en el proceso de regla 6, la juez impone una fianza abusiva de 575 mil que pudo haber provocado que estos manifestantes hubieran estado en prisión todo este tiempo (3 años). Pero el Pueblo salva al Pueblo, y se pudo reunir mediante un fiador el que los manifestantes pudieran estar en la libre comunidad. La jueza María del Pilar fue criticada fuertemente por esta decisión, tan es así, que se cree que pudo haber afectado el que le nominaran en un primer intento por parte de la gobernadora para recomendarla como juez nuevamente. su recomendación fue retirada y se espera que en cualquier momento sea nuevamente nominada.

Para el 30 de Octubre del 2023 comenzó la Vista Preliminar ante la juez Geysa Villarubia Rivera.  30 días antes Observadorx Press Comunitario acudió al Tribunal Supremo para solicitar que se pudiera transmitir el proceso preliminar en vivo bajo el reglamento del PECAM. El desagrado por parte de la fiscalía ante esta decisión del TS provocó que la fiscal Vanesa Rivera Morales hiciera una moción alegando incorrectamente que Prensa Comunitaria violara el reglamento del PECAM tomando fotografías fuera de las áreas designadas y tomando fotos muy cercanas a los rostros de testigos dentro de sala. Prensa Comunitaria tuvo que desmentir ante el personal de Pecam que esas alegaciones eran falsas ya que los procesos de tomas dentro de sala solo lo hacen los que manejan el equipo del Pecam en sala.

La juez Villarubia luego de constatar con el personal del Pecam permitió que la transmisión de las vistas continuaran de manera normal según los reglamentos establecidos. Sin embargo, esta conducta por parte de los fiscales es evidente de buscar la manera que las transmisiones fueran limitadas y detenidas.

Otro acontecimiento en esta etapa de Vista preliminar fue el intento de parte del Agente Vidal Vázquez, testigo por parte de la fiscalía de conseguir una orden de protección contra José Luis de Prensa Comunitaria porque este lo intimidaba en las áreas designadas para hacer preguntas y temía por su vida. No obstante en vista de protección y representado por el Lcdo. Gabriel Olivieri se pudo demostrar que el trabajo de Prensa está protegido por la primera enmienda y en ningún momento se estaba intimidando al agente y sus interpretaciones eran incorrectas.

Por otro lado, el agente Vidal Vázquez intentò de nuevo imputarle a un ciudadano que presenciaba la vista preliminar en sala al Sr. Joel Acevedo que lo amenazó en el estacionamiento llamándolo MENTIROSO luego de escuchar su testimonio en sala. Esto provocò que se le radicaran cargos a Joel Acevedo de amenaza con palabras soeces en el estacionamiento del Tribunal de Mayaguez. Este proceso duró casi un año. Joel Acevedo fue a juicio y lo antedió la Juez Vilmary Rodriguez Pardo que luego de escuchar la prueba en etapa de Juicio ABSOLVIÓ a Joel Acevedo donde el agente Vidal su reputación y credibilidad, quedó marcada. Acevedo fue representado por el Lcdo. Manuel Moraza.

Por otra parte, corría un proceso paralelo a este criminal de los manifestantes, y era el proceso administrativo que corría en el DRNA sobre la querella QMAY-P-M0412023 donde el DRNA tenia evidencia completa de las violaciones por parte de los Vargas Llavona en la caseta 48 sobre construcción ilegal en zona marítimo terrestre. Se presentó un informe por un Biologo del DRNA y los vigilantes que radicaron un caso completo y estudiado ante un juez administrativo del DRNA. Los Vargas Llavona se enfrentaban a una multa de 25 mil dólares más la demolición completa de la estructura en esa cuestión, la misma que los FISCALES de Mayagüez buscan meter preso casualmente a los que denunciaron que las casetas 48 debe ser removida por robo del espacio de dominio público.

Una vez la gobernadora Jenniffer González llega a la gobernación intenta hacer creer que una ORDEN DIVINA provocó que el entrante nominado Waldemar Quiles para Secretario de Recursos Naturales (DRNA), recibiera la orden del Juez Administrativo Samuel Acosta, donde existía una recomendación de archivo del caso administrativo. En el 2026 bajo los primeros 2 años de la gobernadora ha logrado la paralización del caso que el propio DRNA de la administración pasada llevaba contra sus suegros. Como resultado de la lealtad a su familia la gobernadora nomina como juez Superior al Lcdo. Samuel Acosta con todas sus funciones.

 

Este próximo martes 22 de septiembre comienza el juicio por jurado contra tres de los acusados que se han mantenido firmes en enfrentar el proceso completo donde está en juego su libertad. Otros tres de los seis acusados se declararon culpables y no porque fueran culpables, sino porque estaban cansados de un proceso atropellado desde el principio y como parte de una estrategia de alargar los procesos para que se cansen y se declaren culpables para jugar con la opinión publica y decir…. «VEN TENÍAMOS RAZÓN…..GANAMOS!!»

Ahora la fiscalía vuelve a la carga de usar sus influencias para tratar de convencer a la juez Vilmary Rodriguez Pardo para que limiten que no  se escuchen y no se vean las imágenes en vivo de los testigos que se sienten ante el jurado. Evidentemente los esfuerzos por controlar la opinión pública por parte del grupo de fiscales es la estrategia.

EN PRENSA COMUNITARIA confiamos en que se haga justicia para que este jurado tenga las mejores herramientas y condiciones para que puedan juzgar de manera justa LA RESERVA DE LA PARGUERA