Irma Llavona Rivera administradora y dueña principal del Centro de Tratamiento y Diagnóstico, Aguadilla Medical Services Inc. en Aguadilla, con un bachillerato en ciencias y estudios en Administración de Empresas, Llavona Rivera declaró bajo juramento en la vista preliminar en el caso de los hoy 4 acusados activistas que fueron procesados por causar daño a una supuesta propiedad de los Vargas Llavona, la llamada caseta 48, estructura ilegal anclada con pilotes de PVC rellenados con cemento ubicada en La Reserva de La Parguera, caso que sigue su curso para juicio en el Tribunal de Mayagũez en la sala que preside la Honorable  Jueza Vilmary Rodriguez Pardo.

El 30 de Octubre del 2023 comenzó la Vista Preliminar que presidió la Honorable Jueza Geysa Villarubia Rivera. En ese proceso, Irma Llavona enfrentó un intenso contra interrogatorio por parte de la batería de abogados de los 6 activistas en aquel momento imputados. Dentro  todas las preguntas que Irma Llavona Rivera contestó, admitió que había comprado la estructura al señor Humberto Escabí para el 2017 en el mes de Mayo. Estableció que durante el huracán María la estructura no sufrió daños. Sin embargo, admite que en La Reserva de la Parguera no es permitida labores de construcción. Otro detalle importante que se presentó es que la estructura está anclada encima del agua en espacios de DOMINIO PÚBLICO, rodeada de mangles protegidos.

Para el verano del 2023 Prensa Comunitaria había recibido mensajes de personas residentes del área de La Parguera que habían visto frecuentar a la entonces Comisionada Residente Jennifer González  junto con el hoy esposo José Yovin Vargas, hijo de José del Carmen Vargas e Irma Llavona Rivera en los espacios de La Reserva de La Parguera y que en esa estructura en particular se estaba realizando una construcción donde se expandía la estructura y había un corte de mangle evidente totalmente ilegal. Nos dimos la tarea de visitar de momento para constatar las alegaciones que se hacían, que entre otras cosas, se decía que el propósito de la construcción era que esa estructura se hacía porque se le quería dar a la pareja Jennifer González  y José Yovin Vargas.  Para Prensa Comunitaria le resultaba muy importante validar esa situación porque la comisionada, hoy gobernadora, representaba en el congreso el contacto mayor de los puertorriqueños en la captación de fondos para la protección conservación de nuestras Reservas Naturales. Visitamos el lugar junto con el hoy senador Eliezer Molina, allí nos encontramos una escena intensa de construcción y llamamos a las personas que vimos que ejecutaban la instalación de pilotes y vigas de madera en espacios que se crearon adicional por el corte de mangle que se hizo para poder construir los espacios.

Cuando llamamos, salió de la estructura el señor Daniel García Martin a quien le increpamos la construcción que ejecutaba. Nos dijo que el había sido contratado por unas personas de Aguadilla y que le pagaban en «cash». Nosotros tratamos de indagar el nombre, pero él se lo reservó. No obstante, frente a la estructura hay un contador eléctrico, así que a través del numero del contador pudimos atar de quién era la estructura y los alegados dueños. Justo bien cerca de la estructura, se encuentra La Maritima de La Parguera, nos dirigimos para realizar la querella QMAY-P-M0412023 que dio curso a una investigación completa administrativa por parte del DRNA, donde sus hallazgos  confirmaron todo lo sospechado que decían residentes de La Parguera, familiares de la Comisionada Residente eran los que efectuaban la actividad de construcción ilegal. Se dió una orden de paralízación por parte de Los Vigilantes del DRNA, un cese y desista de toda actividad de construcción.   Así las cosas, se realizó una manifestación  donde ya conocemos lo que ocurrió, hubo arrestos de 6 activistas donde fueron procesados con fianzas de casi medio millón de dólares que le impuso la Juez María del Pilar Vazquez para el pasado 20 de Julio 2023.

Cerca del mes de agosto del 2023, Prensa Comunitaria recibió una llamada del  Campamento Carey donde nos indicaban que harían un recorrido por kayak por La Parguera para específicamente acercarse a la estructura 48 para corroborar lo que decían residentes, que el contratista continuaba realizando obras de construcción, esta vez se hablaba que levantaba la estructura. Se pudo corroborar la información por videos claros y contundentes de esos datos. Mientras una persona llegó a la caseta 48 por agua en Kayak, Prensa Comunitaria llegó por al frente y allí nos encontramos a una persona (que luego un testigo que copera con autoridades federales nos indicó que se llama Ariel Corales) se encontraba sentado en una silla encapuchado a quien le increpamos si continuaban los trabajos en la caseta.

Ya cerca del mes de septiembre 2023 recibimos una llamada donde una persona quería contarnos la verdad de lo que ocurría en esa construcción. Prensa Comunitaria se reserva el derecho de divulgar la identidad de esta persona por su seguridad en estos momentos. Actualmente de los hechos que nos relató y que su conversación quedó grabada y en un momento divulgamos la entrevista por las redes sociales, nace toda la teoría que hemos divulgado en muchas instancias que Prensa Comunitaria ha hecho programas sobre esta historia. Tenemos fotografías  que fueron suministradas de otras fuentes durante los trabajos del levantamiento de la caseta 48. Surge de la entrevista con testigo cooperador que el carro Crown Victoria Police Patrol blanco estacionado sin tablilla y donde le remueven el vin number, está a nombre de José Yovin Vargas Llavona. Esos datos fueron corroborados por Prensa Comunitaria a través del Departamento de Transportación y Obras Públicas. El testigo nos relata  como es la operación de financiación del construcción y es que Irma Llavona a través de José Yovin Vargas, le envian el dinero en «cash» a Daniel García Martin usando a su vecino amigo Ariel Corales, este es el encargado de entregar el dinero y coordinar la logística de la construcción y de personal de seguridad privada.

Una de las cosas que nos sorprende de la entrevista del testigo es cuando menciona que agentes de FURA visitaban la construcción y bebían cerveza con los contratistas. En una ocasión  relata que un bote donde  la comisionada se acercó pero no entró a la construcción sucedió en este proceso de construcción ilegal. Hay otros detalles importantes que pudiéramos mencionar pero por seguridad, nos reservamos no divulgarlos en estos momentos. Sabemos que la investigación federal está activa  y que los arrestos que ejecutó el FBI en las pasadas semanas están bien relacionados a una investigación mas abarcadora de eventos ilícitos que se llevan acabo en La Reserva de La Parguera.

En Prensa Comunitaria hemos recibido amenazas en las redes sociales por personas vinculadas a este esquema que no es específico de la caseta 48. Es un esquema de construcción ilegal en muchas de las estructuras que se llevan acabo actualmente y que Vigilantes del DRNA saben y no hacen nada, aunque sabemos que han hecho intervenciones muy tímidas y que en nada resultan porque los tentáculos de corrupción dentro de la agencia llegan bien arriba en la administración.. En el 2025, podemos ya saber un esquema que impulsa ahora una nueva legislación que atenta con legalizar lo ilegal y corrupto de estas acciones.

Pudiéramos decir otras cosas de suma importancia que hemos podido corroborar que se llevan acabo, donde abogados de renombre, «Realtors» muy conocidos, están envueltos en una actividad que ocurre por debajo del radar de agencias reguladoras y que explican muy bien lo que uno puede observar a simple vista, un  mercado negro que se lleva acabo en La Reserva de La Parguera donde POLICÍAS ESTATALES, MUNICIPALES, Y VIGILANTES DEL DRNA, están involucrados y otros profesionales ciudadanos estadounidenses. Empresarios de mucho renombre en el ambiente educativo y otros en el ambiente marítimo actualmente están envueltos en este atropello de crímenes ambientales y robo de nuestros espacios de DOMINIO PUBLICO dentro de nuestras Reservas Naturales.

Del caso de los activistas arrestados y que esperan el día del juicio que pronto se llevará a cabo y que Prensa Comunitaria tiene autorización del Tribunal Supremo para transmitirlo en vivo, saldrá mucha más información que implica directamente a los Vargas Llavona y que se menciona a Jennifer González como que tiene mucho conocimiento de estas actividades ilegales ambientales.

EL TIEMPO SERÁ NUESTRO MEJOR TESTIGO….

José Luis— Observadorx PRESS Comunitario